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Minerales estratégicos: La competencia global ya no gira únicamente en torno a territorios o mercados financieros. Hoy, el eje central de la disputa estratégica pasa por los minerales críticos: litio, tierras raras, cobre, níquel, grafito y otros insumos indispensables para semiconductores, baterías, inteligencia artificial, energías renovables y sistemas de defensa.
El 4 de febrero, Estados Unidos convocó en Washington una reunión ministerial sobre minerales críticos y tierras raras con la participación de países del G7, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, India, Australia y México, entre otros. El objetivo fue claro: coordinar cadenas de suministro, reducir dependencia de China y explorar la creación de un bloque comercial preferencial en este sector estratégico.
No es una reunión técnica más. Es una redefinición del mapa industrial global.
Durante décadas, la globalización se organizó bajo la lógica de eficiencia y costos. Hoy, esa lógica ha sido reemplazada por la seguridad de suministro. La extracción, procesamiento y refinación de minerales críticos se han convertido en asuntos de política de Estado.
La propuesta estadounidense incluye:
China respondió criticando la creación de “clubes excluyentes” y reforzando su coordinación estratégica con Rusia y otros socios del Sur Global. El escenario que emerge no es solo comercial, sino estructural: bloques flexibles compitiendo por control de insumos industriales críticos.
La participación de México en la reunión convocada por Estados Unidos no fue protocolaria ni secundaria. Washington y Ciudad de México anunciaron un primer plan bilateral enfocado en el comercio y procesamiento de minerales críticos con el objetivo explícito de fortalecer cadenas industriales integradas en América del Norte. Esto implica algo más que exportación de materia prima: supone coordinación regulatoria, alineación tecnológica y visión compartida sobre sectores estratégicos.
México ocupa una posición geoeconómica singular que lo coloca en el centro de esta transición:
El T-MEC consolidó una interdependencia industrial estructural. Sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico funcionan bajo esquemas de producción fragmentada donde componentes cruzan la frontera múltiples veces antes de convertirse en producto final. La incorporación de minerales críticos a esta arquitectura no parte de cero; se inserta en una plataforma ya operativa.
La ventaja comparativa de México no se limita al costo laboral. La cercanía física reduce tiempos de transporte, riesgos geopolíticos y vulnerabilidades en cadenas de suministro. En un entorno donde la seguridad industrial pesa más que la eficiencia absoluta de costos, esta proximidad se convierte en activo estratégico.
México posee reservas importantes de litio, cobre y otros minerales estratégicos. Pero el valor real no está únicamente en la extracción. El verdadero desafío es avanzar hacia capacidades de procesamiento, refinación y transformación intermedia que permitan capturar mayor valor agregado dentro del territorio nacional.
El país ya cuenta con experiencia en manufactura avanzada, particularmente en la industria automotriz y de dispositivos electrónicos. La transición hacia electromovilidad, baterías y sistemas de almacenamiento energético convierte a estas capacidades en palanca industrial clave.
En paralelo al plan con Estados Unidos, el gobierno mexicano ha anunciado consultas con Canadá, Japón y la Unión Europea para explorar esquemas multilaterales de cooperación en minerales críticos. Esto abre una posibilidad estratégica: evitar dependencia exclusiva de un solo bloque y diversificar alianzas tecnológicas y comerciales.
La reconfiguración industrial no será un proceso lineal. Se construirá mediante acuerdos cruzados, inversiones conjuntas, transferencia tecnológica y armonización normativa. México puede desempeñar un papel articulador entre Norteamérica, Europa y Asia, siempre que defina con claridad su estrategia industrial.
Este movimiento se inscribe en la dinámica del nearshoring: la relocalización de cadenas productivas hacia territorios considerados estratégicamente confiables. Sin embargo, reducir la discusión al simple traslado de fábricas sería insuficiente.
La verdadera cuestión es la soberanía productiva.
México no debe limitarse a ser proveedor de insumos básicos ni maquilador ampliado. Puede convertirse en:
El riesgo es reproducir el modelo extractivo tradicional: exportar recursos naturales sin industrialización profunda. La oportunidad, en cambio, es aprovechar el momento geopolítico para fortalecer una política industrial activa que combine inversión pública, capital privado y participación social.
La disputa global por minerales estratégicos redefine el mapa industrial del siglo XXI. México está en posición de influir en esa reconfiguración, pero el resultado dependerá de decisiones estratégicas internas: regulación, inversión en ciencia y tecnología, desarrollo de talento y fortalecimiento de cadenas locales.
En un mundo donde los minerales críticos son la base de la transición energética y la competencia tecnológica, México no es un actor periférico. Es un nodo potencial de integración industrial avanzada. La pregunta ya no es si participará en esta transformación, sino con qué nivel de autonomía, valor agregado y visión de largo plazo.
La discusión sobre minerales críticos no es únicamente geopolítica; es profundamente económica. La pregunta clave para México no es si participará en la nueva arquitectura industrial, sino en qué condiciones.
La soberanía productiva implica:
Si la reconfiguración industrial se traduce únicamente en extracción sin transformación, el país reproducirá esquemas tradicionales de dependencia. Pero si se integra estratégicamente a procesos de alto valor agregado, puede convertirse en actor industrial relevante en sectores tecnológicos y energéticos.
La transición hacia nuevas cadenas industriales no es únicamente un proceso de grandes corporaciones y Estados. También abre espacios que, hasta ahora, han sido poco explorados desde la economía social y solidaria. En un entorno donde los minerales estratégicos se convierten en insumos críticos para la industria tecnológica y energética, surge la posibilidad de integrar modelos productivos con gobernanza democrática, arraigo territorial y distribución equitativa del valor.
Las cooperativas industriales y de innovación pueden desempeñar un papel relevante en distintos eslabones de la cadena:
La presión internacional por estándares ambientales más estrictos obliga a repensar prácticas extractivas. Cooperativas técnicas pueden ofrecer servicios de monitoreo ambiental, restauración de suelos, gestión hídrica, seguridad laboral y cumplimiento normativo. Esto no solo eleva estándares, sino que fortalece economías locales alrededor de proyectos productivos.
El auge de la electromovilidad implica un incremento acelerado en el uso de litio, níquel y otros minerales. El reciclaje y la economía circular se convertirán en sectores estratégicos. Cooperativas de innovación pueden participar en la recuperación de materiales, reducción de residuos industriales y diseño de procesos de reutilización, integrándose a la transición verde desde una lógica sustentable.
La relocalización industrial abre oportunidades para pequeñas y medianas unidades productivas organizadas bajo esquemas cooperativos. Desde ensamblaje de piezas hasta producción de componentes especializados, estas organizaciones pueden integrarse a cadenas regionales de valor, generando empleo calificado y fortaleciendo capacidades productivas locales.
La nueva arquitectura industrial requiere energía limpia y estable. Cooperativas energéticas pueden participar en generación distribuida, parques solares comunitarios o proyectos de eficiencia energética vinculados a corredores industriales estratégicos.
La reconfiguración industrial demanda perfiles técnicos especializados. Cooperativas educativas, centros de formación y proyectos de capacitación territorial pueden contribuir a cerrar brechas de habilidades, garantizando que el empleo generado no dependa exclusivamente de mano de obra importada o altamente concentrada.
La competencia global por minerales estratégicos está acompañada por creciente escrutinio internacional en materia ambiental, laboral y social. Inversionistas y mercados exigen trazabilidad, cumplimiento normativo y transparencia.
Aquí la economía social ofrece una ventaja estructural: modelos con participación democrática, distribución de excedentes equitativa y arraigo comunitario. La gobernanza cooperativa puede fortalecer legitimidad social en territorios donde la actividad extractiva históricamente ha generado conflictos.
En lugar de reproducir esquemas extractivistas tradicionales, la integración de cooperativas en estas cadenas puede contribuir a:
En un contexto donde los minerales estratégicos definen la nueva competencia industrial global, el debate suele centrarse en bloques de poder y seguridad nacional. Sin embargo, la dimensión social es igualmente decisiva.
La economía social puede aportar un enfoque complementario: combinar productividad con cohesión territorial, innovación con inclusión, competitividad con equidad.
La reconfiguración industrial del siglo XXI no está predeterminada. Puede estructurarse bajo lógicas concentradas o puede abrir espacio a modelos democráticos de producción.
Si México decide impulsar cadenas de valor con participación cooperativa, la disputa por minerales estratégicos no será solo una guerra industrial, sino también una oportunidad para construir desarrollo con justicia económica.
La disputa por minerales críticos es, en esencia, una guerra industrial sin ejércitos visibles ni declaraciones formales de hostilidad. No se libra en campos de batalla, sino en mesas de negociación, contratos de suministro, normas técnicas y decisiones regulatorias. Es una competencia por asegurar acceso estable a insumos estratégicos que sostienen la transición energética, la digitalización y la industria de defensa del siglo XXI.
Esta confrontación adopta múltiples formas:
En este escenario, la ventaja ya no se mide únicamente por la posesión del recurso natural, sino por la capacidad de procesarlo, transformarlo y convertirlo en innovación industrial.
México se encuentra en una posición decisiva dentro de esta reconfiguración global. Su proximidad a Estados Unidos, su integración industrial y su potencial minero lo colocan en el centro del tablero. Sin embargo, esa centralidad no garantiza automáticamente autonomía.
El país enfrenta una bifurcación estratégica:
1️⃣ Convertirse en proveedor subordinado, limitándose a exportar materia prima o ensamblar componentes bajo especificaciones externas, dependiendo tecnológicamente de decisiones tomadas fuera de su territorio.
2️⃣ Consolidarse como nodo estratégico con capacidades propias, desarrollando procesamiento intermedio, investigación aplicada, formación de talento y articulación de cadenas productivas nacionales.
La diferencia entre ambas rutas no es menor. La primera reproduce esquemas históricos de dependencia; la segunda exige política industrial activa, inversión en ciencia y tecnología, financiamiento productivo y coordinación público-privada con visión de largo plazo.
El tablero ya se está moviendo. Las principales potencias reorganizan sus cadenas de suministro, redefinen alianzas y establecen nuevos estándares industriales. La transición energética y la digitalización aceleran esta dinámica, elevando la importancia estratégica de cada tonelada de mineral procesado.
Para México, la pregunta no es si participará en esta nueva guerra industrial —porque ya está involucrado—, sino en qué posición lo hará.
¿Será un territorio de extracción y ensamblaje bajo decisiones externas?
¿O construirá una estrategia de soberanía productiva que combine industria avanzada, innovación tecnológica y desarrollo social incluyente?
La respuesta definirá no solo su inserción en la economía global, sino el tipo de crecimiento que experimentará en las próximas décadas: dependiente o estratégico, concentrado o distributivo, extractivo o transformador.
La Voz Colectiva
Periódico digital de cooperativismo, economía social y comunidad.
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Porque entender el mundo es el primer paso para transformarlo colectivamente.
El 5 de febrero de 2026 expiró el tratado nuclear New START, el último acuerdo vigente que imponía límites verificables a los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia. Con su finalización desaparece el único mecanismo formal que regulaba más del 80 % de las armas nucleares del planeta, cerrando un ciclo iniciado en la Guerra Fría y abriendo una etapa de desregulación estratégica global.
No se trata solo de un vencimiento técnico. El New START establecía topes cuantificables a ojivas desplegadas y sistemas de lanzamiento, además de mecanismos de verificación mutua. Su desaparición elimina restricciones formales sobre modernización, despliegue y ampliación de capacidades estratégicas. En términos prácticos: el sistema internacional pierde su último freno institucional en materia nuclear.
Durante años, incluso en medio de tensiones por Ucrania, Siria o sanciones económicas, el tratado funcionó como una red mínima De estabilidad. Ahora, el equilibrio estratégico ya no descansa en compromisos verificables ni en inspecciones cruzadas reguladas por derecho internacional, sino en decisiones políticas unilaterales que pueden modificarse según coyunturas internas, cambios de liderazgo o cálculos tácticos. La comunicación entre potencias depende crecientemente de canales militares directos, contactos informales o acuerdos de facto sin obligatoriedad jurídica. Eso significa que la previsibilidad disminuye y la posibilidad de errores de cálculo aumenta.
En términos históricos, la estabilidad nuclear nunca implicó confianza plena, sino reglas claras, límites cuantificables y mecanismos de verificación. La desaparición de ese marco normativo no genera automáticamente una escalada inmediata, pero sí transforma la lógica del sistema: del control formal a la disuasión abierta basada en capacidades tecnológicas en constante expansión.
El propio contexto internacional agrava la situación. El documento semanal señala una fase de “sincronización sistémica” en la que convergen dinámicas militares, industriales y geopolíticas…. No se trata de hechos aislados, sino de procesos simultáneos que se retroalimentan:
En este escenario, la seguridad global deja de estar estructurada exclusivamente por tratados multilaterales y pasa a depender de la capacidad industrial, la innovación tecnológica y la coordinación entre aliados. La arquitectura de disuasión se vuelve menos institucionalizada —porque pierde sus anclajes jurídicos—, más tecnológica —porque se apoya en sistemas avanzados y automatizados— y más impredecible —porque los márgenes de error humano y político se amplían en ausencia de límites formales.
El mundo no solo enfrenta conflictos abiertos como la guerra en Ucrania o las tensiones en Asia Occidental. En paralelo, atraviesa una transición estructural hacia un modelo de competencia prolongada donde la acumulación estratégica reemplaza a la regulación compartida como principio rector. Esa transformación redefine no solo la seguridad internacional, sino también las prioridades económicas y presupuestales de los Estados en los próximos años.
Cuando los tratados desaparecen, los presupuestos cambian.
La historia contemporánea demuestra que cada debilitamiento de los marcos de control armamentista viene acompañado de un reajuste en las prioridades fiscales de las grandes potencias. La seguridad deja de administrarse bajo reglas compartidas y pasa a gestionarse bajo la lógica de acumulación preventiva.
Estados Unidos aprobó para el año fiscal 2026 un presupuesto de defensa de 839 mil millones de dólares, consolidando uno de los niveles de gasto militar más altos de su historia reciente. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa firmó contratos plurianuales para ampliar la producción de misiles estratégicos, sistemas interceptores y municiones de precisión.
Rusia, por su parte, mantiene una expansión sostenida de su industria militar, reforzando capacidades de producción de drones, misiles y sistemas estratégicos en el contexto de la guerra en Ucrania y de la nueva etapa sin límites nucleares formales.
Este fenómeno no es exclusivo de dos actores. Europa incrementa gasto en defensa; Asia reorganiza su política industrial en clave estratégica; África y América Latina se convierten en territorios de disputa por minerales críticos y posicionamientos geopolíticos. El rearme no es solo militar: es industrial, tecnológico y financiero.
Cada ciclo de expansión militar implica un costo de oportunidad. En economía pública, el presupuesto es una expresión de prioridades políticas. Cuando aumenta el gasto en defensa, necesariamente se tensionan otras partidas.
Los recursos destinados a sistemas de disuasión estratégica podrían financiar:
En contextos de estabilidad relativa, los Estados pueden sostener simultáneamente inversión social y gasto militar elevado. Pero en escenarios de competencia estructural prolongada, la presión fiscal se intensifica y obliga a decisiones más restrictivas.
La cuestión no es ideológica, sino presupuestaria: el dinero es finito, y la reasignación hacia defensa modifica la estructura del gasto público global.
En economías con desigualdad estructural —incluidas muchas latinoamericanas— la militarización global no es un fenómeno distante. Sus efectos se transmiten a través de múltiples canales:
El incremento del gasto militar suele acompañarse de mayor endeudamiento público y emisión de deuda soberana en economías centrales. Esto puede presionar tasas de interés globales, encareciendo financiamiento para países emergentes.
Al mismo tiempo, conflictos prolongados y tensiones estratégicas afectan precios de energía y materias primas, impactando balanzas comerciales y estabilidad macroeconómica.
La reorganización industrial en torno a minerales críticos y tecnología militar altera flujos comerciales. Países productores de litio, cobre o tierras raras enfrentan nuevas presiones geopolíticas. Las cadenas se vuelven más cerradas y orientadas a bloques, reduciendo margen de autonomía económica para economías periféricas.
Cuando el entorno internacional se percibe como inestable, muchos gobiernos aumentan su propio gasto en seguridad y defensa, aun en contextos de limitación presupuestal. Esto puede desplazar recursos destinados a políticas sociales.
La combinación de menor crecimiento global, mayor volatilidad financiera y aumento del gasto en seguridad reduce el espacio fiscal para programas de combate a la pobreza, vivienda, salud y educación.
La desaparición de límites nucleares no solo redefine la seguridad estratégica; también reordena la economía política global. La expansión del gasto militar en las principales potencias tiende a irradiar efectos sobre todo el sistema internacional.
En un mundo donde millones de personas aún carecen de acceso básico a servicios esenciales, la expansión sostenida de presupuestos militares plantea una pregunta de fondo:
¿puede sostenerse una arquitectura de seguridad basada en acumulación armamentista cuando la desigualdad social continúa profundizándose?
Para las economías sociales, cooperativas y comunitarias, esta no es una discusión lejana. Es un recordatorio de que la estabilidad duradera no depende únicamente de la disuasión, sino de la capacidad de construir desarrollo, cohesión social y justicia económica en un entorno internacional cada vez más incierto.
La pregunta de fondo no es solo estratégica, sino ética y económica:
¿Qué significa avanzar hacia una nueva carrera armamentista en un planeta donde más de 700 millones de personas viven en pobreza extrema?
Desde la perspectiva de la economía social y solidaria, la estabilidad no se construye únicamente con disuasión militar. Se construye con:
La expiración del New START no implica automáticamente una guerra nuclear. Pero sí confirma una transición hacia un orden menos regulado y más competitivo, donde la lógica de bloques y la presión tecnológica sustituyen los acuerdos multilaterales clásicos.
El sistema internacional parece converger hacia un modelo de competencia estructural sin marcos regulatorios estables. En ese escenario, la seguridad ya no depende solo de tratados firmados, sino de capacidades industriales, cadenas de minerales críticos, inteligencia tecnológica y alianzas estratégicas.
El fin del New START simboliza algo más profundo: el paso de un orden con reglas formales a uno basado en equilibrios de poder dinámicos y frágiles.
La pregunta para México y América Latina es inevitable:
¿cómo construir soberanía, desarrollo y justicia social en un mundo donde la arquitectura de seguridad global vuelve a girar alrededor de la acumulación estratégica?
La respuesta no está en el aislamiento, sino en fortalecer economías cooperativas, integración regional y diplomacia activa. En tiempos de incertidumbre nuclear, la cooperación sigue siendo la única verdadera política de largo plazo.
La Voz Colectiva
Periódico digital de cooperativismo, economía social y comunidad.
Un análisis estratégico para la Economía Social y Solidaria desde La Voz Colectiva
Los días 6 y 7 de julio de 2025 se celebró en Río de Janeiro la XVII Cumbre de los BRICS, bajo la presidencia del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El lema elegido —“Fortaleciendo la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sostenible”— sintetizó con claridad el espíritu del encuentro: no se trató únicamente de una reunión diplomática, sino de un momento político orientado a redefinir la arquitectura del poder global desde una perspectiva más equitativa, multilateral y representativa.
Esta edición marcó un punto de inflexión histórico. Por primera vez, el bloque sesionó con once miembros plenos tras la incorporación formal de Indonesia el 6 de enero de 2025. La expansión iniciada en 2023 culminó así en una transformación profunda: los BRICS representan hoy más del 50 % de la población mundial y cerca del 40 % del PIB global. El bloque dejó de ser un foro emergente para convertirse en un actor estructural del sistema internacional.
Sin embargo, el crecimiento cuantitativo también implica mayor complejidad cualitativa. Diversidad política, modelos económicos disímiles, tensiones geoestratégicas internas y debates sobre valores democráticos atraviesan hoy la identidad del bloque. La pregunta central ya no es si los BRICS tienen peso, sino qué tipo de orden internacional desean construir y con qué coherencia normativa lo harán.
Para quienes impulsamos la Economía Social y Solidaria (ESS), este escenario no es ajeno ni distante. La reconfiguración del poder global abre ventanas de oportunidad —pero también riesgos— para los movimientos cooperativos, las empresas de propiedad colectiva y las redes productivas del Sur Global.
Los miembros fundadores —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— fueron acompañados en esta edición por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán, Argentina, Etiopía e Indonesia. Esta ampliación respondió a una estrategia clara: consolidar una coalición del Sur capaz de generar alternativas al orden financiero, comercial y político dominado por potencias occidentales.
La presencia de líderes fue significativa, aunque hubo ausencias que marcaron la narrativa geopolítica. El presidente ruso Vladimir Putin participó por videoconferencia debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, lo que impedía su desplazamiento físico. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping delegó su representación en el primer ministro Li Qiang, reduciendo la visibilidad directa del liderazgo chino.
A pesar de ello, el mensaje político fue claro: el bloque mantiene voluntad de coordinación estratégica frente a un entorno global marcado por conflictos regionales, tensiones tecnológicas, reacomodos comerciales y disputas por recursos críticos.
Uno de los consensos más firmes fue la necesidad de reformar la arquitectura institucional surgida tras la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio fueron señalados como estructuras que aún operan bajo lógicas de representación asimétrica.
El bloque insistió en ampliar la representación permanente del Consejo de Seguridad, fortalecer la participación de economías emergentes en el FMI y democratizar la gobernanza del Banco Mundial. También se criticaron prácticas comerciales que, bajo discursos de libre mercado, esconden proteccionismos estratégicos.
Este debate no es menor. Si el sistema multilateral no refleja la realidad demográfica y productiva actual, su legitimidad se erosiona. Para el Sur Global, la reforma institucional no es un capricho ideológico, sino una condición para la estabilidad sistémica.
La crisis climática fue abordada desde el principio de responsabilidades diferenciadas. Los BRICS demandaron que los países desarrollados cumplan compromisos financieros históricos hacia el Sur, reconociendo que los impactos climáticos afectan con mayor severidad a quienes menos contribuyeron a la emisión de gases de efecto invernadero.
En este contexto destacó el respaldo al Tropical Forests Forever Facility (TFFF), impulsado por Brasil como mecanismo alternativo de financiamiento climático, con mayor autonomía respecto a los esquemas tradicionales controlados por organismos multilaterales del Norte.
China y Emiratos Árabes Unidos manifestaron disposición a invertir en el fondo, lo que podría proyectarlo como instrumento relevante rumbo a la COP30. Si logra diseñarse con criterios participativos y descentralizados, podría abrir oportunidades directas para cooperativas forestales, comunidades indígenas y proyectos de bioeconomía popular.
El impulso al comercio en monedas nacionales constituye uno de los movimientos más estratégicos del bloque. Programas piloto entre China, Rusia e India ya han permitido transacciones por más de 2,000 millones de dólares equivalentes en yuanes, rublos y rupias.
El objetivo no es crear de inmediato una moneda común, sino construir una infraestructura financiera propia: sistemas de compensación, plataformas digitales de pago y coordinación entre bancos de desarrollo. Se busca reducir la exposición a sanciones unilaterales y disminuir la dependencia del dólar como moneda intermediaria.
Este proceso es gradual, pero su impacto potencial es estructural. La hegemonía monetaria ha sido históricamente uno de los pilares del poder geopolítico. Si se consolida una arquitectura multipolar, el equilibrio financiero global podría experimentar transformaciones profundas.
Por primera vez, la inteligencia artificial ocupó un lugar central en la agenda BRICS. El bloque aprobó una hoja de ruta para el desarrollo y regulación ética de la IA, con principios de transparencia, equidad, soberanía tecnológica y protección de derechos humanos.
Se planteó fortalecer la cooperación científica Sur-Sur, impulsar tecnologías abiertas y evitar dependencias estructurales respecto a corporaciones transnacionales concentradas en el Norte.
La inclusión de este tema revela conciencia estratégica: la disputa tecnológica no es sólo económica, sino civilizatoria. Quien define los algoritmos define también patrones de producción, consumo y control social.
Los BRICS condenaron atentados recientes —incluido el ocurrido en Pahalgam, Jammu y Cachemira, el 22 de abril de 2025— y reiteraron su compromiso con una arquitectura de seguridad basada en el derecho internacional y el respeto a la soberanía.
Se criticaron intervenciones unilaterales y regímenes de sanciones selectivas que, según el bloque, erosionan la legitimidad del sistema internacional. Además, se propuso explorar mecanismos regionales de prevención de conflictos con enfoque civil y comunitario.
La expansión del bloque ha incorporado países con modelos políticos diversos, incluyendo regímenes autoritarios. Este hecho ha generado críticas sobre la coherencia normativa del grupo en materia de derechos humanos y democracia.
El desafío es evidente: ¿puede un bloque que busca reformar la gobernanza global sostener legitimidad moral si internamente exhibe divergencias profundas en valores políticos?
La multipolaridad no es sinónimo automático de justicia. Puede ampliar espacios de soberanía, pero también reproducir prácticas de poder tradicionales bajo nuevos actores.
Desde Estados Unidos, el expresidente y candidato Donald Trump declaró que consideraría aranceles adicionales contra países que adopten políticas “antiestadounidenses” asociadas al bloque. Aunque no se materializaron sanciones inmediatas, las declaraciones reflejan tensión estructural.
La respuesta de Lula fue contundente: el mundo no quiere un emperador. La frase sintetiza el núcleo del debate actual: el tránsito desde una hegemonía predominante hacia un orden negociado y plural.
La ESS no puede permanecer como espectadora pasiva de esta transformación. Existen al menos cuatro ejes de articulación concreta:
Más allá de cancillerías, la cooperación debe descender a territorios. Redes agroecológicas internacionales, intercambios comunitarios de saberes, alianzas cooperativas en turismo solidario y vivienda autogestionada pueden articularse bajo esta nueva narrativa multipolar.
El TFFF puede convertirse en instrumento para proyectos cooperativos de reforestación, captación de agua, agroforestería y transición energética justa. La ESS debe incidir en la gobernanza del fondo para evitar centralización tecnocrática.
La arquitectura multipolar inspira la construcción de monedas sociales, bancos cooperativos digitales, fondos rotatorios regionales y plataformas de pago democráticas. La soberanía financiera no es sólo macroeconómica: también es comunitaria.
La gobernanza de la IA abre espacio para laboratorios territoriales de innovación social, plataformas cooperativas digitales y algoritmos éticos diseñados desde realidades locales. La tecnología puede ser herramienta de control o emancipación; dependerá de quién la diseñe y bajo qué principios.
La XVII Cumbre BRICS no resolvió las tensiones del sistema internacional, pero sí consolidó una tendencia irreversible: el mundo transita hacia una configuración multipolar.
Para la Economía Social y Solidaria, este momento representa una oportunidad histórica. No basta con observar la disputa entre potencias; es necesario construir alternativas productivas, financieras y tecnológicas desde abajo, con enfoque territorial y gobernanza democrática.
La multipolaridad puede abrir espacios de soberanía. Pero sólo la organización social consciente podrá traducir esa soberanía en justicia económica, sostenibilidad ambiental y dignidad colectiva.
Desde La Voz Colectiva, el desafío es claro: interpretar la geopolítica no como espectáculo distante, sino como campo estratégico donde se disputa el futuro de nuestros territorios.
La reciente reforma al artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) implica un vuelco radical en los requisitos de constitución y registro de las cooperativas, al eliminar las tradicionales vías de formalización y concentrar en el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) el poder de certificar y acreditar todos los actos cooperativos.
Originalmente, el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas establecía un mecanismo descentralizado y cercano a las comunidades para la constitución de nuevas cooperativas. Según su redacción vigente hasta abril de 2025:
“La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren los interesados, y en la que se levantará un acta que contendrá:
I. Datos generales de los fundadores;
II. Nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones;
III. Las bases constitutivas.
Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario o delegado municipal del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.”
Este circuito permitía a las cooperativas:
Con la reforma aprobada en abril de 2025, todas estas vías quedan suprimidas y, en su lugar, se impone un monopolio de certificación administrado por el INAES. A partir de ahora, para que un acta constitutiva sea válida, debe obtener una “certificación de valores, principios y prácticas cooperativistas” previa inscripción en un Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas, gestionado únicamente por dicha institución estatal .
Esta concentración de facultades implica:
Al concentrar en el INAES la potestad de evaluar y certificar los “valores y prácticas” de cada cooperativa, se introduce un mecanismo de discrecionalidad que corre el riesgo de convertirse en un filtro político-técnico. En la práctica:
En conjunto, este diseño institucional no solo vulnera la igualdad esencial entre proyectos cooperativos —al privilegiar a quienes mejor naveguen la burocracia estatal—, sino que socava la confianza en el modelo cooperativista, al transformar la ratificación de los actos fundacionales en un trámite sujeto a interpretaciones políticas más que a la voluntad colectiva de la membresía.
En contraste con la reciente reforma centralizadora en México, a nivel mundial las grandes experiencias cooperativistas han incorporado la digitalización y la ventanilla única sin renunciar jamás a la soberanía de sus asambleas ni a la descentralización de la ratificación de actos fundacionales:
En todos estos casos, el enfoque global se centra en:
Nunca, bajo ningún modelo exitoso en el mundo, se ha delegado en exclusividad la certificación de la voluntad asociativa a un ente centralizado, ni se ha sustituido la asamblea soberana por un monopolio administrativo sobre los actos fundacionales. Por el contrario, se buscan sinergias entre lo digital y lo presencial, fortaleciendo la participación democrática y la autonomía cooperativa.
Para colmo, la reforma incorpora un Décimo Cuarto Transitorio que obliga al INAES a poner en marcha un sistema electrónico de inscripción de las actas constitutivas en un plazo máximo de seis meses . Lejos de corregir la excesiva carga burocrática, este mandato:
En suma, el artículo 13 y su transitorio no modernizan el cooperativismo: lo tecnocratizan y jerarquizan, privilegiando a quienes ya dominan los recursos y conocimientos administrativos, y relegando a las verdaderas bases comunitarias. Así, en lugar de fortalecer la economía social, se erige una barrera más que socava el espíritu de autogestión, solidaridad y democracia interna que debería animar a las sociedades cooperativas.
La reforma al artículo 12, lejos de modernizar la constitución cooperativa, desmantela las bases de la autonomía y la democracia interna al sustituir las ratificaciones descentralizadas —previstas ante notarios, autoridades municipales o delegacionales— por un sistema de certificación centralizado y tecnocrático administrado exclusivamente por el INAES . El artículo 13 y su Décimo Cuarto Transitorio imponen además una digitalización obligatoria en seis meses, profundizando un modelo de control estatal que refuerza la brecha tecnológica y excluye a las cooperativas de base sin recursos ni capacitación .
Con ello, se rompe la subsidiariedad, se debilita la participación plural y se contradice la práctica global de la economía social, que busca acelerar trámites y fortalecer la autogestión, no imponer un monopolio administrativo sobre los actos fundacionales . Esta transformación configura un escenario donde las cooperativas dejan de ser espacios de liberación comunitaria para convertirse en meros sujetos de un requisito burocrático, alejándose de los principios y valores que han hecho del cooperativismo una fuerza de cambio social en todo el mundo.
La opinión jurídica.
Desde un enfoque jurídico, la reforma a los artículos 12 y 13 de la Ley General de Sociedades Cooperativas plantea serias tensiones con los principios constitucionales y convencionales que rigen el derecho a la libre asociación y la economía solidaria en México. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente al sector social como parte fundamental del desarrollo nacional, incluyendo en él a las cooperativas. Asimismo, tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que los Estados deben garantizar condiciones favorables para que las comunidades gestionen colectivamente sus propios medios de vida.
La concentración de funciones en el INAES y la supresión de mecanismos locales de ratificación vulneran el principio de subsidiariedad, clave en el derecho administrativo moderno, al impedir que las comunidades resuelvan de manera directa asuntos de su propia organización. Al sustituir la validación social por una certificación estatal, se corre el riesgo de desnaturalizar la figura cooperativa, transformándola en una entidad subordinada a criterios políticos o técnicos ajenos a su base social.
Finalmente, la imposición de una plataforma digital única sin garantizar condiciones de equidad tecnológica podría ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad, al limitar de facto el acceso a derechos económicos por razones socioeconómicas o geográficas. En consecuencia, esta reforma, tal como está redactada, no solo representa un retroceso desde el punto de vista cooperativista, sino que podría también ser considerada incompatible con los estándares del Estado de Derecho y la justicia social.
